El director del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes de Jalisco resaltó que por cada persona que pierde la vida en un accidente de motocicleta, existen hasta ocho víctimas que sufren lesiones graves o secuelas permanentes. Este problema impacta directamente en familias cuyo principal sostén depende de este medio de transporte.
Ante esta situación, el organismo solicitó al Congreso local reformar la legislación para imponer sanciones más estrictas a quienes circulen sin casco ni equipo de protección, o que transporten pasajeros por encima de la capacidad permitida en las motos, las cuales generalmente están diseñadas para una sola persona.
Además, Jalisco formará parte de un equipo nacional encargado de trabajar en la actualización de la Norma Oficial Mexicana relativa a la conducción responsable de motocicletas. Esta iniciativa busca homologar criterios y fortalecer la regulación para reducir muertes y lesiones derivadas del incumplimiento de medidas básicas de seguridad.
El problema trasciende el daño físico, ya que cuando un motociclista resulta incapacitado afecta la estabilidad económica y emocional de su familia, especialmente si es la fuente principal de ingresos.
El Consejo enfatiza que las heridas y discapacidades provocadas por estos accidentes suelen ser de larga duración, alterando la dinámica laboral y social de los afectados y sus allegados.