En numerosas universidades públicas de México, la violencia contra las mujeres no solo permanece oculta, sino que se perpetúa por la complicidad de las autoridades encargadas de proteger a las víctimas. Las estudiantes y trabajadoras enfrentan obstáculos que van desde el acoso sistemático hasta la revictimización institucional, donde las directivas actúan para proteger a los agresores en lugar de garantizar un entorno seguro.
El caso del Instituto Tecnológico de La Paz, en Baja California Sur, ejemplifica este fenómeno. Allí, las denuncias de violencia contra mujeres no solo han sido ignoradas, sino que la dirección misma ha sido señalada por conductas machistas y represivas que dificultan el acceso a justicia para las víctimas. Un exdirector llegó a desacreditar públicamente a alumnas denunciantes, calificándolas despectivamente en los medios, evidenciando un patrón de resistencia institucional para atender estas situaciones.
Este es un reflejo de un problema extendido en el Tecnológico Nacional de México y otras instituciones, donde pese a la existencia de protocolos y compromisos oficiales contra la violencia de género, la práctica consigna la prolongación de trámites, omisiones y encubrimientos. Estos mecanismos terminan por proteger a los agresores con el pretexto de “no dañar a la institución”, mientras las víctimas deben adaptar sus vidas, limitar su participación académica y enfrentar la desconfianza institucional.
La consecuencia directa es el arraigo del miedo como un modo de sobrevivir en el ámbito educativo superior, un escenario donde denunciar puede ser sinónimo de castigo o aislamiento. Para muchas mujeres, la educación y el trabajo se vuelven terrenos inseguros debido a la ausencia de respuestas efectivas que ataquen la raíz del problema y garanticen respeto y seguridad. Entender esta realidad es fundamental para impulsar cambios reales que rompan con la cultura de la impunidad y el silencio.