Un total de 39 funcionarios públicos federales recibieron sanciones por faltas administrativas graves y no graves derivadas de investigaciones internas en distintas dependencias. Entre los afectados hay empleados de instituciones clave como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Educación Pública (SEP), Hacienda, Banco del Bienestar y otros organismos.

La CFE concentró las sanciones más severas, con cinco exfuncionarios inhabilitados entre 10 y 20 años y multas superiores a mil 192 millones de pesos. Las investigaciones revelaron que estos servidores públicos participaron en la contratación e instalación de 82 mil optimizadores de tensión en 2017, equipos que fueron considerados innecesarios para el suministro eléctrico. Las sanciones afectaron a personal de distintas áreas, como CFEDistribución, CFE Suministrador de Servicios Básicos y la Dirección Corporativa de Operaciones.

En el IMSS se impusieron sanciones destacadas, incluyendo la inhabilitación de un funcionario en Puebla por una década debido a un beneficio económico indebido relacionado con la venta de guías de mensajería. Además, una trabajadora en Guanajuato fue sancionada con un año de inhabilitación por el cobro indebido de pagos, y una médica fue sancionada por brindar un tratamiento inadecuado que derivó en el fallecimiento de un menor.

El Banco del Bienestar también registró múltiples casos. Una trabajadora en Tabasco fue inhabilitada por 10 años tras realizar conciliaciones bancarias con datos falsos, mientras que dos funcionarias en Oaxaca recibieron sanciones de siete a diez años por efectuar retiros de cuentas sin autorización, junto a multas económicas.

Funcionarios de la Secretaría de Educación Pública enfrentaron castigos, como la inhabilitación por 10 años de un empleado del Tecnológico Nacional de México en Culiacán que recibía pagos simultáneos por plaza de estructura y honorarios. De igual modo, varios servidores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria (SAT) sufrieron sanciones por faltas similares, aunque los detalles específicos no fueron publicados.

También fueron afectados trabajadores de otras instituciones, tales como Petróleos Mexicanos (Pemex), Guardia Nacional, Tren Maya, Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Financiera para el Bienestar (Finabien), Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo (Asipona) y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

Estas sanciones forman parte de un esfuerzo institucional para combatir la corrupción y las malas prácticas administrativas dentro del sector público federal, con la aplicación de inhabilitaciones prolongadas y multas económicas significativas a quienes resultaron responsables.