La Ciudad de México implementó el programa Mujeres Sanas e Infancias Protegidas, que brinda un apoyo económico de 1,200 pesos cada dos meses a mujeres embarazadas con residencia en la capital. Este subsidio se entrega hasta por cuatro bimestres, es decir, un máximo de 4,800 pesos anuales, y busca aliviar la carga económica durante el embarazo.

El apoyo está dirigido principalmente a quienes se encuentren en los primeros tres meses de gestación y residan en áreas con bajo o muy bajo índice de desarrollo social. En el caso de adolescentes embarazadas, no existe restricción por las semanas de embarazo para acceder al beneficio. Se prevé alcanzar una cobertura de 15,000 mujeres durante el año, sujeto a la disponibilidad presupuestal y al cumplimiento de los requisitos establecidos.

Para ingresar al programa, las solicitantes deben estar embarazadas, residir en la Ciudad de México y no contar con otro apoyo similar. También deben presentar identificación oficial, comprobante de domicilio reciente y la Clave Única de Registro de Población (CURP), además de llenar la solicitud oficial. La inscripción se realiza de manera progresiva, dando prioridad a quienes estén en mayor situación de vulnerabilidad.

La iniciativa está a cargo de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México (SEBIEN), que supervisa la correcta aplicación mediante la Dirección Ejecutiva para las Infancias y el Sistema de Información para el Bienestar (SIBIS). El presupuesto asignado para transferencias está cercano a 60 millones de pesos, con una pequeña porción destinada a gastos operativos.

Las beneficiarias tienen derecho a recibir atención sin discriminación, contar con información clara sobre el programa y participar en evaluaciones. En caso de inconformidades, podrán presentar quejas a través de diversos canales, y se garantizan la protección de los datos personales conforme a la legislación vigente. Las bajas del programa pueden darse por nacimiento, término del embarazo, cambio de residencia, renuncia, falsedad en documentos o fallecimiento.

El programa busca hacer frente a la precariedad económica que enfrentan muchas mujeres durante la gestación, especialmente aquellas que trabajan en la economía informal y carecen de seguridad social. La sobrecarga en el trabajo doméstico y de cuidados, principalmente no remunerados, aumenta la dependencia económica femenina y los riesgos de violencia patrimonial.

Según datos del INEGI, las mujeres dedican significativamente más tiempo al cuidado de hijos menores en comparación con los hombres, lo que dificulta su reincorporación laboral tras el parto. Al enfrentar una alta vulnerabilidad social y económica, el programa pretende ofrecer un ingreso mínimo que contribuya a mejorar sus condiciones de vida y a asegurar que el embarazo no se convierta en un motivo de exclusión.

La Secretaría de la Contraloría General y la Auditoría Superior de la Ciudad de México vigilan el uso correcto de los recursos públicos para garantizar la transparencia. Además, está prohibido que el programa sea utilizado con fines políticos, electorales o de lucro, bajo sanciones legales estipuladas en la normatividad local.