Después de casi diez años de intentos legislativos, el Congreso de Querétaro aprobó con 14 votos a favor la ley de identidad de género el 30 de abril. La votación se llevó a cabo entre manifestaciones, cantos y actos religiosos de quienes se oponían a la medida. La iniciativa modifica el Código Civil estatal y representa un hito para la comunidad trans y no binaria de la entidad.
Imelda Moreno Vázquez, quien estudia una licenciatura universitaria, expresó su alivio por el cambio. "Somos discriminadas en instituciones, en centros de salud por no tener nuestro nombre. Con esto voy a poder seguir con mi licenciatura", señaló con lágrimas. Hanne, activista independiente, destacó el sufrimiento que genera presentar documentos que no coinciden con la identidad de género al realizar trámites médicos y otros procedimientos. Waltter López, vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y al Estado Laico, calificó la aprobación como el pago de una deuda histórica con estas comunidades, considerando la medida un derecho fundamental para acceder a otros servicios como salud y educación.
Según el dictamen aprobado, la Dirección Estatal del Registro Civil tramitará las solicitudes para rectificar sexo-género y nombre en actas oficiales. No se exigirán cirugías, tratamientos médicos ni diagnósticos. Los requisitos son: presentar solicitud escrita, acta de nacimiento, identificación oficial, ser mayor de edad y ciudadano mexicano. Una vez aprobada la solicitud, se emitirá una resolución para modificar las actas y se notificará al Registro Nacional de Población. El acta original será resguardada sin dejar referencias del cambio en el nuevo documento.
Votaron en contra los diputados panistas Antonio Zapata, Leonor Mejía, Juliana Hernández, Enrique Correa, Gerardo Ángeles, Verónica Galicia, Guillermo Vega y Mauricio Cárdenas, además de la priista Adriana Meza. A favor estuvieron también Teresita Calzada de Movimiento Ciudadano y Perla Flores del Partido Verde.
El proyecto tiene un largo recorrido legislativo. Isabel Aguilar, diputada del PRI, presentó la primera iniciativa el 10 de julio de 2017, pero no avanzó en la LVIII legislatura. En 2019, durante la LIX legislatura, Paloma Arce retomó el proyecto sin éxito. En 2023, durante la LX Legislatura, se presentó nuevamente sin ser discutido. En enero de 2025, se reingresó en la actual legislatura, acompañado por una propuesta adicional de diputados de Morena y PT, que también contó con respaldo de Calzada y Flores.
