La organización de la Copa Mundial 2026, repartida entre México, Estados Unidos y Canadá, se vio empañada por distintas polémicas relacionadas con restricciones migratorias y decisiones de última hora. Una de las principales controversias fue la negativa de ingreso a árbitros y jugadores debido a problemas con sus visas, lo que generó críticas hacia las políticas migratorias de los países anfitriones.

Estados Unidos negó la entrada a Omar Artan, árbitro proveniente de Somalia, a pesar de ser uno de los oficiales seleccionados por la FIFA. La exclusión, basada en «preocupaciones de investigación de antecedentes», no pudo ser revertida por la organización, que recordó no tener potestad sobre los procesos migratorios. Además, 15 miembros del cuerpo técnico y directivo de Irán no recibieron sus visas estadounidenses a pocos días del inicio del torneo, lo que obligó a la selección iraní a cambiar su base de Arizona a Tijuana, en México, por la inseguridad derivada del conflicto bélico vigente.

Canadá también aplicó restricciones, negando la entrada a Elye Wahide, jugador de Costa de Marfil, acusado en Francia, aunque la federación marfileña negó que exista investigación en su contra. Otro caso notable fue el de Thomas Partey, jugador ghanés que enfrenta acusaciones de violación en Londres, a quien Canadá le denegó la visa. La FIFA confirmó que Partey no podría trasladarse desde Boston para el partido contra Panamá, lo que impactó directamente la preparación y participación del equipo africano.

Además de los problemas de acceso, se reportaron prohibiciones relativas al uso de ciertos idiomas durante el Mundial, generando cuestionamientos sobre las limitaciones en la comunicación para algunas delegaciones y seguidores. Estos lineamientos complicaron la logística y la experiencia de varios participantes.

La suma de estos contratiempos refleja un escenario donde las regulaciones migratorias y las tensiones políticas interfieren claramente con el desarrollo de un evento global como la Copa Mundial. En este contexto, las delegaciones afectadas debieron adaptarse rápidamente para garantizar su participación y cumplir con el calendario establecido.