Los números muestran una crisis humanitaria que se agrava día a día en México: en lo que va de 2026, se reportan un promedio alarmante de 65 desapariciones diarias, un incremento significativo respecto a años anteriores. Solo en el último sexenio se registraron más de 50 mil casos, y en el periodo actual se suman alrededor de 13 mil más en un solo año, con un alto porcentaje de personas que mantienen estatus formal de desaparecidas. Esta situación revela no solo la gravedad de la problemática, sino también el abandono sistemático por parte de las autoridades.
La respuesta gubernamental ha sido marcada por la negación y la descalificación de quienes exigen justicia. Familiares de desaparecidos, especialmente madres que se han convertido en buscadoras, han enfrentado agresiones, amenazas y hasta asesinatos; al menos 35 de sus integrantes han sido asesinados desde 2018. En lo que va del actual sexenio, esta violencia se mantiene y aumenta, evidenciando que quienes se organizan para encontrar a sus seres queridos pagan un costo altísimo en su lucha.
La administración federal ha optado por minimizar y menospreciar estas demandas sociales. Un ejemplo reciente fue la reacción oficial ante la manifestación masiva de madres buscadoras en junio, donde la presidenta de la Ciudad de México respondió con burlas al número de participantes, mientras la Secretaría de Gobernación anunció investigaciones contra los recursos que financian estas protestas, priorizando la defensa de la imagen presidencial y del país por encima de las personas desaparecidas. Esta actitud refleja un patrón de indiferencia y represión que inhibe la transparencia y la participación ciudadana en la solución de un problema de derechos humanos.
El contexto político actual muestra un gobierno que, pese a prometer un enfoque humanista, se aleja cada vez más de ese compromiso. Los funcionarios mantienen una postura autoritaria y despectiva hacia las víctimas y sus familias, al tiempo que permiten la impunidad y la ocultación de información. Esta dinámica contribuye a la impunidad y la crisis de confianza entre la población y sus autoridades.
El fenómeno de desapariciones forzadas y violencia contra los familiares en búsqueda de justicia demuestra la coexistencia de una complicidad estructural dentro del aparato estatal, ya sea por acción u omisión. Mientras los colectivos de buscadores se enfrentan al riesgo permanente, el Estado parece priorizar la apariencia política y el control social sobre la atención real a la tragedia. Esta postura erosiona la esperanza que muchos depositaron en las promesas hechas en 2018 y sostiene el ciclo de violencia y sufrimiento que atraviesa el país.