El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un estado de excepción por 60 días en varias provincias y cantones del país, estableciendo además un marco legal que otorga inmunidad a militares extranjeros que participen en operaciones dentro del territorio nacional. Esta medida forma parte de un esfuerzo coordinado para enfrentar el narcoterrorismo y la minería ilegal, así como combatir redes criminales transnacionales.
La decisión se anunció después de una reunión en el Pentágono con altos funcionarios estadounidenses, donde se discutieron mecanismos para fortalecer la cooperación entre ambas naciones, incluyendo inversiones conjuntas y la coordinación de acciones militares y policiales. Según el boletín oficial, ambos gobiernos acordaron ampliar la interoperabilidad y la colaboración en defensa para mejorar la seguridad regional y la estabilidad.
El decreto número 424 establece que el Estado ecuatoriano podrá recibir apoyo internacional y autoriza a las Fuerzas Armadas, la Policía y a los países cooperantes a coordinar acciones para neutralizar las amenazas internas. En este marco, Noboa instó a la Asamblea Nacional a otorgar amnistías a quienes actúen en defensa del Estado y se reservó la facultad de conceder indultos o rebajas de pena a militares, policías y civiles que participen en operaciones contra el crimen organizado.
Una de las disposiciones más relevantes del decreto es la concesión de inmunidad a personal militar extranjero que opere en Ecuador, amparada en acuerdos internacionales previamente firmados con países como Estados Unidos e Israel. Esta inmunidad cubre al personal cooperante frente a posibles responsabilidades legales dentro del país, ampliando el respaldo institucional a la participación extranjera en el conflicto armado interno declarado.
Este nuevo estado de excepción representa un cambio respecto a la postura inicial del gobierno, ya que anteriormente se había descartado la aplicación de medidas excepcionales, confiando en estrategias ordinarias de seguridad sin restricciones como toques de queda ni limitaciones a la movilidad. Sin embargo, el aumento de la violencia vinculada al narcotráfico y otras amenazas llevó a adoptar esta vía para reforzar la intervención estatal.