El gobierno de Estados Unidos no descarta emprender acciones militares contra los cárteles mexicanos si considera que es necesario para proteger a su población. Así lo afirmó el vicepresidente estadounidense, quien subrayó que la seguridad de sus ciudadanos es prioridad y que, frente a amenazas vinculadas al narcotráfico y tráfico ilegal, Washington está dispuesto a utilizar todos los recursos disponibles.
Aunque la administración estadounidense mantiene la cooperación con México como la primera opción, advirtió que, de ser indispensable, podrían actuar de manera directa. En un ejemplo planteado por el funcionario, si un grupo criminal transporta grandes cantidades de fentanilo y armas hacia Estados Unidos, y la única forma de detenerlo fuera una intervención, esta opción estaría contemplada.
Este planteamiento surge en un contexto donde, según el vicepresidente, durante la actual administración las organizaciones criminales han fortalecido sus operaciones mediante actividades ilícitas como el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas. El endurecimiento del discurso de Washington también se refleja en declaraciones recientes del expresidente Donald Trump, quien resaltó el poder de los cárteles dentro de México y las dificultades del gobierno mexicano para contenerlos.
Por su parte, la administración mexicana ha reiterado su firme rechazo a cualquier intervención militar extranjera en su territorio, defendiendo que la cooperación bilateral debe basarse en el respeto mutuo y la soberanía nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura clara en contra de operaciones unilaterales y aboga por fortalecer la coordinación y el intercambio de información en materia de seguridad.
Este intercambio de posturas reaviva uno de los temas más sensibles en la relación México-Estados Unidos: los límites de la colaboración en seguridad y las posibles tensiones ante la creciente violencia vinculada a los cárteles. Mientras Washington insiste en movimientos más agresivos para contrarrestar a las redes criminales, México mantiene su postura soberana y espera que el diálogo prevalezca.