Los casos de personas desaparecidas y no localizadas en Sinaloa crecieron de forma alarmante durante la administración de Rubén Rocha Moya, con un aumento superior al 250% según datos oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Mientras en 2022 se registraron 270 desapariciones, para 2025 la cifra alcanzó un pico de 951 casos. En total, entre el inicio del gobierno de Rocha Moya y su salida del cargo, se reportaron más de 5 mil personas desaparecidas en la entidad.
De ese total, más de la mitad continúan sin ser localizadas. La CNB indica que 2 mil 553 personas permanecen desaparecidas, mientras que 2 mil 473 fueron encontradas con vida y 413 aparecieron sin vida. La crisis no se ha detenido con el cambio de gobierno: bajo la nueva administración de Yeraldine Bonilla Valverde, ya se han sumado casi 150 casos más, con un alto porcentaje sin resolver.
Expertos consultados coinciden en que este incremento refleja el profundo deterioro de la seguridad vinculada a las fracturas internas del crimen organizado, especialmente la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa. Eunice Rendón relacionó directamente el aumento con los enfrentamientos entre Los Chapitos y los seguidores de Ismael “El Mayo” Zambada, enfatizando que las desapariciones deben considerarse un indicador clave para evaluar la seguridad pública en la región.
Por otro lado, el especialista Víctor Hernández señaló la falta de voluntad política y la escasa inversión en capacidades forenses y de investigación que requiere la búsqueda y esclarecimiento de los casos a largo plazo. Hernández advirtió que la impunidad vigente refleja un sistema cuya ineficacia no genera sanciones políticas para las autoridades, lo que limita los incentivos para fortalecer la respuesta estatal frente a esta crisis.
La investigadora Julia Ramos destacó que el problema de las desapariciones en Sinaloa ya no es coyuntural, sino estructural. Esta situación, dijo, erosiona el tejido social y obliga a la ciudadanía a asumir responsabilidades que corresponden al Estado, evidenciando espacios donde la protección institucional ha perdido efectividad.