Tras permanecer cerca de tres meses detenido, Salah Sarsour, líder musulmán y presidente de la Sociedad Islámica de Milwaukee, fue liberado por una orden judicial que revocó su arresto bajo acusaciones vinculadas a su activismo pro Palestina. El juez federal James Patrick Hanlon consideró que la detención respondía a una represalia por su ejercicio de la libertad de expresión amparada por la Primera Enmienda.

La decisión se produjo luego de que el juez calificara la queja de Sarsour como «sólida», al desestimar los argumentos del Departamento de Seguridad Nacional que señalaban su discurso como perjudicial para la política exterior estadounidense. Hanlon aclaró que expresar preocupación por relaciones internacionales no justifica limitar derechos constitucionales.

Sarsour, residente permanente legal en Estados Unidos y sin antecedentes penales, había sido acusado de criminal y terrorista, además de supuestamente haber mentido en su solicitud migratoria y ocultado una condena militar israelí por actividades violentas, cargos que él ha negado. Durante su detención, sufrió una notable pérdida de peso y enfrentó complicaciones derivadas de su diabetes tipo 2.

El juez dispuso además que Sarsour fuese trasladado de Indiana a Wisconsin, donde permanecerá en su domicilio mientras avanza su proceso migratorio. Esta situación ocurre en medio de la actual administración de Trump, que ha intensificado las deportaciones y ha desarrollado acciones legales contra quienes expresan apoyo a Palestina, vinculándolos a actos de antisemitismo.

El caso de Sarsour no es aislado. Khalil Mahmoud Khalil, activista pro palestino en la Universidad de Columbia, también fue detenido por autoridades migratorias bajo acusaciones similares y, aunque fue liberado por orden judicial, sigue enfrentando riesgo de deportación. La liberación de Sarsour ha sido celebrada por activistas como una defensa de la libertad de expresión frente a presiones políticas.

Este proceso expone cuestionamientos sobre el uso de la ley migratoria para silenciar voces críticas y resalta el delicado equilibrio entre seguridad nacional y derechos civiles en el contexto estadounidense. La defensa de Sarsour sostiene que su detención estuvo motivada por motivos políticos y no legales.