La invasión rusa a Ucrania, iniciada a inicios de 2022, ha revelado el uso de combatientes extranjeros dentro de las filas rusas, una práctica considerada mercenarismo y prohibida por el derecho internacional. Según datos de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), más de 27 mil personas provenientes de más de 130 países se han unido a las fuerzas rusas en los últimos dos años, involucrando a migrantes, estudiantes, trabajadores y hasta presos sometidos a engaños o presiones para combatir.

Organizaciones vinculadas al Kremlin, como Wagner y Redut, están al frente de la estrategia de reclutamiento en varios escenarios internacionales, entre ellos Siria y África. La FIDH y Europol han denunciado la existencia de una red que funciona como una forma de trata de personas con fines bélicos, lo que complica su persecución judicial y obliga a la Unión Europea y Estados Unidos a ampliar sanciones e investigaciones contra actores involucrados.

El imprescriptible rechazo al mercenarismo se ha visto reflejado en casos polémicos como el de los británicos y marroquíes condenados por la autoproclamada República Popular de Donetsk, considerada ilegítima por varios gobiernos y organizaciones de derechos humanos. Aunque fueron sentenciados a muerte por presuntamente actuar como mercenarios, posteriormente fueron liberados tras un intercambio de prisioneros.

Este fenómeno también ha afectado a ciudadanos mexicanos que participaron en el conflicto desde distintos roles. Entre ellos está Gilberto Ramos Arreguín, condenado a 14 años de prisión bajo un régimen estricto en Donetsk; Karol Enrique Rodríguez León, paramédico que colaboró en tareas de rescate; y Pedro Liazaola, traductor para la Legión Internacional. Además, víctimas mortales como Mario Alberto Lover Martínez y Carlos Mendoza ilustran la presencia costosa y comprometida de mexicanos en la guerra.

La embajada de Ucrania en México se manifestó en contra de la condena impuesta a Ramos Arreguín, señalando que la República Popular de Donetsk es una entidad terrorista y una estructura títere de Rusia, cuyos actos y procesos carecen de reconocimiento legal en el ámbito internacional.