Miles de trabajadores tomaron las calles de América Latina el 1 de mayo para exigir mejores salarios y defender derechos laborales en medio de crisis económicas, inflación y tensiones políticas que atraviesan la región. Las movilizaciones ocurrieron en tres capitales clave: Caracas, Bogotá y El Alto, con demandas específicas según la situación de cada país.
En Venezuela, más de un millón de trabajadores marcharon en Caracas tras el anuncio del gobierno interino de elevar el llamado "ingreso mínimo integral" de 190 a 240 dólares mensuales. Aunque las autoridades presentaron la medida como el ajuste más importante en años recientes, los sindicatos rechazaron la iniciativa argumentando que se basa en bonificaciones que no impactan pensiones ni prestaciones. Los manifestantes coreaban "bono no es salario" durante una marcha vigilada por fuerzas antimotines. El salario mínimo venezolano permanece congelado desde 2022 y no alcanza ni 30 centavos de dólar mensuales en un país que registró una inflación de 475% durante 2025. La canasta básica supera los 700 dólares, muy por encima del ingreso anunciado. El gobierno también informó que las pensiones se incrementarán a 70 dólares.
En Colombia, el 1 de mayo adquirió tono electoral. Miles de simpatizantes del senador Iván Cepeda se concentraron frente al Congreso para advertir que no permitirán retrocesos sociales ante la posibilidad de que la derecha retome el poder en las elecciones del 31 de mayo. Cepeda defendió los aumentos históricos del salario mínimo impulsados en años recientes y acusó a rivales como el abogado Abelardo de la Espriella y la senadora Paloma Valencia de representar un modelo neoliberal que pondría en riesgo los avances laborales conquistados.
En Bolivia, la Central Obrera Boliviana (COB) declaró un paro general indefinido contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz, considerando insuficientes las medidas económicas adoptadas en medio de la peor crisis en cuatro décadas. La organización exige un aumento adicional del 20 por ciento al salario mínimo, la derogación de reformas tributarias y garantías para la estabilidad económica. El gobierno respondió que ya elevó el salario mínimo 20% en enero y eliminó subsidios a combustibles que drenaban divisas.
