La Comunitat Autónoma de Canarias rechazó autorizar el fondeo del crucero MV Hondius en sus puertos debido a múltiples dudas sobre la situación sanitaria y la gestión de la emergencia, lo que desató un conflicto con el Estado. La controversia surgió tras el brote de hantavirus detectado en el buque y la falta de información precisa sobre el estado de los pasajeros.
El Gobierno canario señaló que no disponía de datos clínicos completos, como pruebas PCR o antígenos realizadas a los viajeros, ni detalles sobre síntomas o historiales médicos. Esta ausencia de información dificultó la planificación sanitaria en la región y puso en riesgo la respuesta hospitalaria local, especialmente tras confirmarse que varios pasajeros desembarcaron infectados.
Además, Canarias cuestionó el cambio repentino del lugar de evacuación previsto inicialmente en Cabo Verde hacia Tenerife sin un informe oficial de la Organización Mundial de la Salud que justificara esa decisión. El Ejecutivo regional también exigió que el fondeo durara solo el tiempo estrictamente necesario y que la evacuación aérea fuera igualmente rápida para minimizar la permanencia del barco en sus aguas.
Más allá de la emergencia sanitaria, la disputa refleja un conflicto sobre competencias y lealtad institucional entre Canarias y el Estado, con el Gobierno regional denunciando la falta de diálogo previo y transparencia en la toma de decisiones que impactan al archipiélago.
El portavoz del Gobierno canario reiteró que, sin pruebas diagnósticas y con desconocimiento del estado real de los afectados, no podían garantizar la seguridad pública ni autorizar el atraque. Aunque en ese momento no se descartó acudir a recursos legales contra la imposición estatal, el principal reclamo sigue centrado en asegurar que las autoridades puedan participar activamente y con información clara en estas crisis.