La implantación del registro obligatorio de teléfonos celulares ha generado un rechazo generalizado que se traduce en una movilización legal masiva para impedir su aplicación. Ciudadanos de distintas regiones del país han comenzado a promover amparos colectivos con el fin de proteger la privacidad y evitar lo que consideran un mecanismo de vigilancia y control excesivo por parte del gobierno.
El rechazo se basa en la preocupación por la recopilación indiscriminada de datos personales como ubicación, contactos, mensajes y hábitos de consumo, lo que abre la puerta a abusos como espionaje político, robo de identidad y persecución de críticos, periodistas y activistas. La estrategia que impulsa esta resistencia legal busca ofrecer a todas las personas herramientas jurídicas para defenderse contra el llamado “registro de celulares”, que el gobierno ha presentado como una medida para garantizar la seguridad nacional y combatir el robo de equipos.
El promotor de esta campaña, un abogado y activista, ha anunciado que recorrerá diversas regiones del país, desde la frontera hasta zonas rurales y urbanas, para difundir y facilitar la tramitación masiva de amparos. Su propuesta enfatiza la importancia de la acción colectiva para frenar la que considera una “prisión digital” creada por el gobierno, subrayando que esta medida no solo vulnera derechos individuales, sino que también atenta contra la libertad y la autonomía de los mexicanos.