El gobierno de México decidió trasladar la defensa de los derechos de sus ciudadanos que han muerto bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses del ámbito diplomático al penal y civil. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que cooperará con la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer denuncias formales ante las fiscalías de Estados Unidos contra quienes resulten responsables.
Esta estrategia legal incluye acusaciones penales dirigidas a identificar y sancionar a los responsables de las muertes, y demandas civiles contra las empresas privadas que administran los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), debido a las condiciones que atentan contra los derechos humanos en esas instalaciones.
La medida responde, en particular, al caso de Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano que falleció en un hospital de Houston pocas horas después de ser baleado por un agente del ICE durante un operativo. Según el titular de la SRE, Roberto Velasco, desde entonces se registraron 17 muertes de mexicanos vinculadas al ICE: 14 en centros de detención y 3 durante operativos de campo.
Además de las acciones legales en Estados Unidos, México buscará fortalecer la presión internacional solicitando la intervención de organismos dedicados a la protección de derechos humanos. Se presentarán peticiones formales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir medidas cautelares urgentes que protejan a los mexicanos detenidos. Paralelamente, el caso será llevado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, con el objetivo de que supervise de manera directa las condiciones en los centros de detención.