El Congreso de Michoacán aprobó un protocolo para asegurar la consulta y participación efectiva de pueblos indígenas, afromexicanos y personas con discapacidad en las decisiones sobre educación. Esta iniciativa busca respetar su derecho a intervenir en la elaboración de modelos educativos bajo principios de libre determinación y autonomía.
El nuevo instrumento legislativo se fundamenta en acuerdos internacionales y nacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, así como los artículos 2 y 3 de la Constitución Política Mexicana y la Constitución local. Estos marcos legales garantizan derechos humanos y acceso equitativo a la educación para todos los grupos vulnerables.
Además de establecer los lineamientos para realizar las consultas, el protocolo responde a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que refuerza la obligatoriedad de involucrar a estas comunidades en la toma de decisiones educativas. De este modo, se busca que las políticas públicas reflejen las particularidades culturales y las necesidades específicas de estos sectores.
El documento garantiza que las personas con discapacidad accedan a una educación inclusiva que les permita desarrollar una vida independiente, conforme a los principios reconocidos por la Convención de la ONU. Por su parte, los pueblos indígenas y afromexicanos podrán incidir en las medidas legislativas que afecten sus derechos educativos.