El Congreso del Estado de Michoacán aprobó un protocolo que regula el proceso legislativo para la consulta a pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos y personas con discapacidad, específicamente en temas de educación indígena e inclusiva. Esta medida busca asegurar que estos grupos ejerzan sus derechos a la libre determinación y autonomía en la construcción de modelos educativos.
El protocolo se fundamenta en normas internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, así como en artículos constitucionales tanto del ámbito federal como estatal. De esta forma, se reconoce la importancia de garantizar derechos humanos y libertades fundamentales en condiciones de igualdad, especialmente en el acceso a la educación.
Además de reforzar el derecho a la consulta previa, libre e informada, este protocolo responde a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece la obligatoriedad de estos mecanismos para decisiones legislativas relacionadas con la educación. Con ello, se pretende fortalecer la inclusión y el respeto cultural dentro de las políticas públicas educativas, dando voz directa a las comunidades históricamente marginadas.
Este instrumento se convierte en la guía oficial para llevar a cabo consultas legítimas y participativas, garantizando que los pueblos indígenas, afromexicanos y personas con discapacidad sean parte activa de las decisiones que afectan su educación, promoviendo el derecho a una vida independiente y en igualdad de condiciones.