El Congreso del estado remitió a la Auditoría Superior la cuenta pública correspondiente al primer año de la gestión de Alejandro Armenta, que registra un ejercicio presupuestal superior a 126 mil millones de pesos. Este órgano fiscalizador se encargará ahora de dictaminar el informe tras una revisión gradual para aclarar diversos aspectos.
Este procedimiento representa la segunda revisión, después de que la Auditoría evaluó la cuenta pública del último trimestre del año anterior sin detectar observaciones. La entrega se concretó durante una sesión de la Comisión Permanente, donde Marcos Castro, presidente de la Mesa Directiva, informó sobre la recepción del documento por parte de la Comisión de Control y Vigilancia.
En paralelo, el Congreso aprobó un acuerdo para exhortar a los ayuntamientos y concejos municipales a diseñar e implementar estrategias para mantener libres de obstáculos irregulares las vías peatonales. Además, se recomienda instalar, conservar y mejorar infraestructura accesible como guías podotáctiles y semáforos sonoros, buscando garantizar una movilidad segura y eficiente, especialmente para personas con discapacidad y adultos mayores.
También se avalaron exhortos dirigidos a la Secretaría de Infraestructura y al organismo descentralizado “Carreteras de Cuota Puebla” para que, en conjunto con los municipios, realicen diagnósticos sobre el estado de las carreteras y autopistas estatales. La finalidad es llevar a cabo acciones de rehabilitación, ampliación y mantenimiento que fortalezcan la conectividad y seguridad vial para los usuarios.
Durante la sesión, la diputada Floricel González Méndez destacó el compromiso del Congreso para potenciar iniciativas que favorezcan el bienestar social y mejoren la comunicación y seguridad en Puebla. Por su parte, el diputado Elpidio Díaz Escobar presentó una propuesta para sancionar con prisión y multas a quienes ejerzan ilegalmente la medicina sin contar con título y cédula profesional validada.
Además, la diputada Araceli Celestino Rosas propuso añadir un mecanismo en la Ley Estatal de Salud para orientar y canalizar a mujeres que enfrenten discriminación, negligencia o violencia obstétrica durante el embarazo, parto o puerperio, protegiendo así su integridad y dignidad.