Una iniciativa para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Campeche ha desatado serias polémicas en el ámbito judicial y político local. La propuesta, presentada en mayo de 2026, contiene capítulos y artículos incompletos y, de acuerdo con críticos, contraviene la Constitución federal, dejando en incertidumbre y sin protección legal a una parte importante del personal judicial.

Esta reforma impulsada bajo la dirección de figuras como Juan Pedro Alcudia Vázquez y Concepción del Carmen Canto Santos podría afectar a más del 60% de los trabajadores bajo contrato, quienes enfrentarían la pérdida de prestaciones y estabilidad laboral. Además, se cuestiona la viabilidad financiera del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Campeche (ISSTECAM), que se encontraría en riesgo de quiebra tras la reforma.

Otro punto central es la controversia sobre la elección de jueces y magistrados, prevista originalmente para 2027. La reforma plantea renovar el 100% de estos cargos, acción que dejaría sin empleo a secretarios de sala y otros funcionarios relacionados, mientras que diversos legisladores y senadores del partido Morena impulsan la postergación de este proceso electoral a 2028 para evitar coincidencias con elecciones federales y locales y garantizar una mejor selección de perfiles.

En este contexto, la estrategia adoptada por Alcudia Vázquez y Canto Santos ha provocado desconfianza incluso dentro del Congreso local, donde convocaron a la titular del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) y al secretario general del Congreso para coordinar la recepción de reformas a la Ley del IEEC y la Constitución estatal. Esto ha sido interpretado por algunos sectores como un intento por favorecer a externos dentro del Poder Judicial, desplazando a juristas originarios del estado.

Las críticas hacia Canto Santos incluyen acusaciones sobre su trato hacia el personal judicial, monitorización excesiva mediante cámaras con audio en juzgados, que pudo vulnerar derechos laborales, y presiones para que jueces presentaran renuncias. La tensión refleja un enfrentamiento interno donde la lealtad y la gestión administrativa están profundamente cuestionadas.

Por otro lado, la deuda histórica a empleados jubilados por más de 30 años de servicio continúa sin resolverse, lo que agrava el panorama laboral y alimenta las críticas hacia la actual dirección del Poder Judicial en Campeche.

Este conflicto evidencia una crisis profunda en la administración judicial campechana, donde las reformas legales y las luchas de poder internas impactan directamente en la estabilidad de los trabajadores y la confianza en las instituciones locales.