El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) recibió una inyección financiera por cerca de mil millones de pesos provenientes de recursos originalmente asignados a infraestructura hidráulica en varias regiones de Jalisco. Esta medida busca atender la crisis operativa y financiera que enfrenta el organismo, responsable del abastecimiento de agua potable en el Área Metropolitana de Guadalajara.
Como consecuencia directa de esta reasignación, quedaron en pausa 65 obras en 45 municipios del estado, beneficiarios que suman alrededor de un millón de habitantes, según datos oficiales y el Censo 2020 del INEGI. Entre los proyectos detenidos se encuentran ampliaciones de redes de agua potable, rehabilitación de sistemas de drenaje sanitario, construcción de colectores, perforación de pozos profundos y modernización de plantas de tratamiento en localidades como Zapotlán el Grande, Autlán de Navarro, Jocotepec, Colotlán, Yahualica, Tuxpan, Mazamitla, Cabo Corrientes y Tecalitlán.
La modificación del Programa de Inversión Pública de la Comisión Estatal del Agua (CEA) fue aprobada por unanimidad en la Junta de Gobierno, sin que se haya registrado un debate público sobre el impacto que esta decisión tendría en las comunidades afectadas. La reasignación se enmarca dentro de la estrategia estatal para garantizar el derecho humano al agua, expresada por el gobernador Pablo Lemus al anunciar el nombramiento del nuevo director de SIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda.
Este cambio presupuestal genera un dilema significativo para las autoridades, que deben equilibrar la atención urgente a la crisis del abastecimiento en la capital con las necesidades básicas de infraestructura en zonas rurales y municipios fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara. La suspensión de proyectos en estas regiones retrasa soluciones que podrían eliminar el uso de letrinas y mejorar la calidad del servicio hidráulico para cientos de miles de personas.
En medio de esta tensión, la Red Radio Universidad de Guadalajara prepara un seguimiento sobre cómo esta decisión afecta a los ciudadanos que no residen en la capital, dando voz a quienes enfrentan las consecuencias directa e inmediata de la detención de estas obras hidráulicas.