La diputada Gabriela Félix Bojórquez cuestionó la legalidad del acuerdo aprobado recientemente en el Congreso de Sonora, señalando que se trata de una copia que evade una sentencia judicial que obliga a destinar 2 millones de pesos en el ejercicio fiscal actual. Afirmó que esta maniobra representa una simulación para eludir el cumplimiento de un mandato del Juez Decimosegundo de Distrito.
La legisladora advirtió que el desacato al fallo traerá consecuencias legales severas, incluyendo multas individuales para los diputados y la posible remisión del expediente a tribunales colegiados, donde se analizaría la destitución y procesamiento penal de quienes no acaten el mandato. Además, rechazó el acuerdo por considerarlo insuficiente, ya que posterga la entrega del presupuesto para años futuros y no cumple con lo dispuesto en la resolución judicial.
Félix Bojórquez denunció también que, a pesar de la protesta ciudadana y de una huelga de hambre que persiste por más de un mes, el Congreso continúa cerrado y sin voluntad para establecer un diálogo. Criticó a las bancadas mayoritarias por su cerrazón y por responder con denuncias penales en lugar de atender el reclamo legítimo de garantizar el derecho a la educación inicial, conforme a la reforma constitucional federal de 2019.
Ante esta situación, la bancada a la que pertenece presentó una reserva para modificar el acuerdo y cumplir de inmediato con la orden judicial, aunque esta propuesta fue rechazada por la mayoría oficialista, manteniendo el conflicto y la paralización legislativa.
La diputada lamentó que esta legislatura se perfila como una de las peores en la historia de Sonora, debido a que produce leyes pero incumple sus propias obligaciones, alejándose de la responsabilidad ante la ciudadanía y el Estado de derecho.