El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue citado oficialmente por la Fiscalía General de la Nación para brindar declaración en el marco de las investigaciones sobre las masacres de La Granja y El Aro, ocurridas en la década de 1990 en Antioquia. También deberá responder por la muerte del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, asesinado tras denunciar la violencia en la región.
Las masacres de La Granja y El Aro se registraron en 1996 y 1997 respectivamente, con un total de diecinueve víctimas mortales. Estos hechos han sido atribuidos a grupos paramilitares, en medio de señalamientos sobre la posible complicidad o conocimiento por parte de autoridades regionales, entre ellas, el entonces gobernador Álvaro Uribe. La Fiscalía ha mantenido abiertas estas investigaciones durante años, apuntando a esclarecer la relación de funcionarios y actores armados ilegales en esos episodios.
Además, la pesquisa incluye referencias a la hacienda Guacharacas, que pertenece a la familia Uribe, aunque sin que se hayan divulgado detalles concretos sobre esta línea de averiguación. La conexión de bienes familiares en torno a hechos de violencia es un aspecto que la justicia monitorea de cerca.
Jesús María Valle Jaramillo, cuyo asesinato también está bajo investigación, fue un abogado reconocido por su defensa de derechos humanos y por denunciar la inacción de las autoridades frente a las masacres que sacudieron Antioquia en aquella época.
En paralelo, recientes sentencias judiciales contra miembros del entorno del expresidente, como la condena a uno de sus hermanos por vínculos con grupos armados ilegales, han generado un renovado interés en el caso y en la trayectoria política de Uribe. La Fiscalía busca avanzar en la obtención de testimonios y evidencias que permitan esclarecer responsabilidades durante un periodo marcado por la violencia paramilitar y la impunidad.