El gobierno federal convocó oficialmente a una consulta nacional sin precedentes que abarcará a 16 mil 728 comunidades indígenas y afromexicanas en México. Esta iniciativa busca recoger propuestas para perfeccionar la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, con la intención de presentarla ante el Congreso el 12 de octubre, Día de la Resistencia.
La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que fue hasta 2024 cuando la Constitución reconoció por primera vez derechos plenos a estas comunidades y que la mejora de la legislación actual responde a ese avance constitucional. El proceso de consulta será fundamental para reglamentar el artículo segundo constitucional y contempla una participación directa y masiva de los pueblos originarios, como parte del reconocimiento a su herencia cultural milenaria.
La convocatoria, publicada en el Diario Oficial de la Federación, activará una primera etapa informativa que se desarrollará desde el 1° de julio hasta el 6 de agosto. Posteriormente, del 7 de agosto al 13 de septiembre se realizarán 82 asambleas regionales con mesas de trabajo en diversas ciudades, entre ellas Acapulco, Chihuahua, Monterrey, Tijuana, Guadalajara, La Paz y San Pedro Ixtlahuaca.
En este proceso participarán 69 pueblos indígenas y una comunidad afromexicana, abarcando a 25.8 millones de personas que hablan 68 lenguas, alrededor del 20.5 % de la población total del país. Además, el diseño y organización cuentan con la colaboración de 21 dependencias federales, la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y la Organización de las Naciones Unidas.
Tras la fase deliberativa, el análisis e incorporación de las propuestas se llevará a cabo del 21 de septiembre al 11 de octubre. El 12 de octubre, la propuesta definitiva será entregada al Congreso para su discusión formal. Este proceso representa un ejercicio sin antecedentes para México, que apunta a fortalecer la autonomía y los derechos de sus pueblos indígenas y afromexicanos mediante una legislación participativa y legítima.