El Gobierno de México optó por la vía penal para buscar justicia en los casos de mexicanos que fallecieron mientras estaban bajo custodia de ICE, la agencia migratoria estadounidense. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República contra funcionarios de fiscalías estatales de Estados Unidos y del Departamento de Justicia por las muertes sin esclarecer ocurridas durante detenciones migratorias.

Además de las acciones penales, las autoridades mexicanas preparan demandas civiles contra empresas privadas que administran los centros de detención donde murieron 14 connacionales. Esta decisión surge tras el fracaso de los esfuerzos diplomáticos para obtener una «investigación pronta y exhaustiva» por parte de Estados Unidos, que no respondió satisfactoriamente a las solicitudes formales enviadas.

El cambio en la estrategia responde también al registro continuo de fallecimientos y a la falta de avances en las investigaciones estadounidenses. En paralelo, la SRE solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a organizaciones civiles que se intervenga para proteger a los mexicanos detenidos en territorio estadounidense. Así mismo, se exigirá al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que solicite protección para los detenidos bajo custodia de ICE.

Datos oficiales indican que desde enero, más de 177 mil mexicanos han sido capturados durante operativos migratorios y que alrededor de 13 mil permanecen detenidos en ese país mientras se resuelven sus casos migratorios. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum decidió abandonar la ruta diplomática para optar por acciones legales concretas luego de que 17 mexicanos fallecieron en estas circunstancias, 14 en centros de detención y 3 durante operativos de captura.

La medida llegó pocos días después del fallecimiento en Houston de Lorenzo Salgado Araujo, un residente estadounidense con 30 años en el país, ocurrido bajo circunstancias controvertidas durante una detención migratoria. Este caso generó una mayor presión para que México eleve sus quejas y busque mecanismos jurídicos más fuertes en Estados Unidos.