Durante los primeros cinco meses de 2026, Tamaulipas documentó 163 nuevas desapariciones, consolidando un aumento sostenido en este fenómeno que afecta a la entidad. Aunque Reynosa concentra la mayor parte de los casos recientes, el resurgimiento de desapariciones en Ciudad Victoria ha generado alarma, debido a que esta ciudad había experimentado una década de estabilidad en esta materia.

El análisis realizado por la organización Red Lupa, que recaba datos de fuentes oficiales y colectivos civiles, señala a Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Ciudad Victoria y Tampico como los municipios con mayor incidencia entre enero y mayo de este año. Reynosa registra alrededor de cien desapariciones en este periodo, manteniendo el liderazgo en el número de casos.

Cabe destacar que, en Ciudad Victoria, desaparecieron desde jóvenes profesionales y doctores hasta obreros, una situación que no se presentaba con esta intensidad desde la administración pasada bajo Egidio Torre Cantú, cuando, entre 2011 y 2012, ya se advertía un alto índice de “levantones” y secuestros que impactaron a la sociedad local.

Según fuentes oficiales, como la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y la Comisión Estatal de Búsqueda, la información sobre desapariciones es parcial y poco accesible, ya que estas instituciones no mantienen un registro histórico consolidado ni transparente en sus plataformas públicas, llegando incluso a limitar o restringir el acceso a datos actualizados.

Por el contrario, el monitoreo realizado por organismos civiles y Red Lupa indica que hasta el 16 de mayo de 2026 hay un total acumulado de 13,850 personas desaparecidas en Tamaulipas. De esta cifra, mil 817 casos corresponden al gobierno actual de Américo Villarreal Anaya, desde 2022 hasta la fecha mencionada.

El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) confirma una tendencia creciente en el número de desapariciones. Mientras en 2022 se registraron 12,033 casos, la cifra subió a 12,706 en 2023, a 13,196 en 2024, y alcanzó 13,468 en 2025, hasta que en 2026 se observó un nuevo incremento preocupante.

Del total histórico registrado, alrededor del 80% son hombres y el 19% mujeres, lo que refleja patrones específicos en el perfil de las víctimas. Otro dato relevante es la ausencia de encuentros públicos entre el gobierno estatal y los colectivos de búsqueda o madres buscadoras, lo que limita la colaboración y la transparencia en las acciones para localizar a los desaparecidos.