La gobernadora de Chihuahua se encuentra en el centro de una fuerte controversia tras un operativo realizado en la Sierra Tarahumara en el que participaron agentes estadounidenses, supuestamente sin autorización del gobierno federal. Este hecho desató un choque entre la administración estatal y la federación, liderada por Morena y el PT, que buscan promover un juicio político contra la mandataria.

El operativo, orientado a combatir laboratorios clandestinos de drogas, terminó con la muerte de dos agentes estadounidenses y dos funcionarios estatales, lo que desató una crisis política. El gobierno federal acusa a la gobernadora de permitir una violación de la soberanía nacional al no informar ni coordinar con las autoridades centrales la presencia y actuación de agentes extranjeros en territorio mexicano.

En contraste, la gobernadora sostiene que su objetivo es crear un ambiente seguro para las familias chihuahuenses y detener la exportación de narcóticos a Estados Unidos, posición que la enfrenta directamente con la federación, con la cual mantiene una tensión creciente. La controversia se enmarca dentro de un contexto más amplio de confrontación política donde también surgen acusaciones contra otros gobernadores, como el de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien enfrenta cargos en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico y corrupción.

Morena y el PT intentan aprovechar esta situación para sumar a Chihuahua a su influencia política de cara a las próximas elecciones, mientras la gobernadora cuenta con un sólido respaldo popular que dificulta la posibilidad de su destitución. Este conflicto refleja además las dificultades del gobierno federal para controlar y frenar la inseguridad en varias regiones, especialmente ante el problema del narcotráfico y la presencia de actores extranjeros en operativos de seguridad.

El caso fue señalado como un intento de distraer la atención pública de la crisis en Sinaloa, al tiempo que se acusa a la 4T de negociar con grupos delictivos mientras las autoridades estatales actúan de manera autónoma para proteger a sus comunidades. La disputa entre los distintos niveles de gobierno pone en evidencia las fracturas internas que enfrenta México en materia de seguridad y política.