La destitución de cinco de los siete consejeros del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), incluyendo al presidente Ignacio Hurtado, ha generado inquietud sobre la estabilidad del órgano electoral y las condiciones para el próximo proceso electoral estatal. La medida fue adoptada por el Instituto Nacional Electoral (INE), pero ha sido cuestionada por diversos actores políticos.
Giulianna Bugarini Torres, presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Michoacán, calificó la decisión como desproporcionada, debido a que añade incertidumbre en un momento crucial para el estado. Subrayó que las instituciones democráticas deben actuar bajo principios de certeza, legalidad y seguridad jurídica, especialmente cuando sus resoluciones afectan la confianza ciudadana y la gobernabilidad en procesos electorales decisivos.
La legisladora destacó que, aunque respeta las facultades del INE, la resolución podría afectar no solo a los servidores públicos sancionados, sino también a la percepción pública sobre la integridad de la autoridad electoral. Enfatizó que la responsabilidad de los actores públicos es cuidar la fortaleza institucional, privilegiando el diálogo, la transparencia y la certeza para garantizar que la voluntad popular se respete en 2027.
Bugarini insistió en la necesidad de mantener la estabilidad institucional en vísperas de uno de los procesos electorales más relevantes en la historia reciente de Michoacán, y reiteró su solidaridad con los consejeros removidos, particularmente con el presidente del organismo. Afirmó tener confianza en que los mecanismos legales e institucionales permitirán recuperar la confianza ciudadana.
Esta controversia abre un debate sobre el equilibrio entre la independencia de los órganos electorales y las facultades de supervisión y sanción del INE, así como sobre el impacto que estas decisiones tienen en la legitimidad de las próximas elecciones locales.