La investigación que dirige el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional avanzó con una orden formal para que la Agencia Tributaria rastree las cuentas de Andalukadi SL, la compañía con la que Leire Díez tenía previsto recibir pagos relacionados con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Esta medida busca esclarecer el origen y destino de esas transacciones, cuyo contexto está vinculado a una trama de acoso y presiones contra jueces, fiscales y agentes de la Guardia Civil.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil documentó una conversación telefónica de mayo de 2024 entre Díez y Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) e imputado en el caso. En ese diálogo, se revela que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, habría pactado abonar distintas cantidades a Díez por su supuesta actuación dirigida a influir en las autoridades judiciales y policiales. La transferencia del dinero estaba planeada a través de Andalukadi SL.

El informe de la UCO destaca que Leire Díez figura como única socia y representante legal de Andalukadi SL. Otra sociedad vinculada a esta red, Allies & Altera SL, tiene como administrador a Vicente Fernández. En los intercambios entre los miembros investigados, surge el debate sobre la idoneidad del objeto social de Andalukadi para recibir esos pagos, dado que su actividad se vincula mayoritariamente al sector inmobiliario. Díez propuso clasificar las operaciones como "consultoría" para justificar las transferencias.

Este entramado, autodenominado Hirurok, integraba a Díez, Vicente Fernández y un empresario identificado como Antxon Alonso. La conspiración se intensificó en un contexto político tenso, justo después de que el presidente del Gobierno anunciara públicamente su intención de tomarse un tiempo para decidir si continuaba al frente del Ejecutivo, evento que coincide con el inicio de las maniobras de acoso a funcionarios judiciales y policiales.

Además, la Guardia Civil localizó vínculos entre Andalukadi SL y el medio digital Crónica Libre, que habría percibido un pago cercano a 20.000 euros procedente del PSOE mediante Santos Cerdán, todo enmarcado en la misma operación destinada a financiar acciones de carácter ilegal y estratégico dentro de la estructura del partido.