La Fiscalía apoyó un indulto parcial para Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, tras ser condenado a dos años de inhabilitación por revelar datos reservados en una investigación judicial. El argumento principal es que la sanción ha provocado efectos extrapenales "intensos y desproporcionados" que afectan tanto su vida civil como su desarrollo profesional.
En su informe, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, subrayó que la actuación de García Ortiz careció de ánimo de lucro y se orientó a proteger la buena imagen de la institución ante acusaciones que cuestionaban la labor profesional de los fiscales. El caso en cuestión surgió a raíz de la filtración de información relacionada con la investigación de un fraude fiscal en que estaba implicado un empresario vinculado a la presidenta madrileña.
El Ministerio de Justicia tramita desde principios de año la solicitud de indulto total, presentada por particulares que consideraron que la condena fue un golpe directo contra la transparencia y el principio de rendición de cuentas. Sin embargo, la Fiscalía plantea que el indulto parcial limitaría únicamente la reducción del tiempo de inhabilitación especial, manteniendo la condena penal. Esto facilitaría la cancelación anticipada de los antecedentes penales y contribuiría a mitigar el impacto negativo en la vida cotidiana y la carrera profesional de García Ortiz.
Como parte del procedimiento, se consultaron bases de datos policiales y administrativas para verificar si el condenado mantenía antecedentes sancionadores o policiales recientes, sin que se registraran datos en los últimos años. Durante el juicio, García Ortiz asumió plenamente la responsabilidad por la difusión de la nota de prensa que motivó la condena y renunció voluntariamente a su cargo una vez conocida la sentencia del Tribunal Supremo.