Guanajuato inició un programa conjunto con sus 46 municipios para adaptar la infraestructura pública a las necesidades de las personas con discapacidad. Este esfuerzo busca implementar reglamentos y normas técnicas que garanticen espacios accesibles, atendiendo tanto la autonomía municipal como las obligaciones legales vigentes en materia de inclusión.
Las autoridades ya distribuyeron a los municipios los lineamientos para la adecuación de los edificios, con especificaciones detalladas sobre rampas, pendientes, dimensiones y la ubicación de elementos urbanos. Además, se instaló una Red de Derechos Humanos municipal, coordinada por la Secretaría de Derechos Humanos, que facilitará la coordinación y el seguimiento de estas políticas.
La estrategia contempla la participación activa de colegios de arquitectos e ingenieros, así como de organizaciones representativas de personas con discapacidad. Esta colaboración técnica es clave para diseñar soluciones que reflejen los principios de derechos humanos en la infraestructura pública.
A pesar de los avances, el subsecretario para la Inclusión de las Personas con Discapacidad reconoce que aún persiste un rezago considerable en accesibilidad. Esto se debe principalmente a que muchas ciudades fueron construidas sin considerar estas necesidades y que la accesibilidad fue incorporada solo recientemente como un derecho constitucional.
La movilidad accesible continúa siendo el principal desafío, según encuestas nacionales realizadas a personas con discapacidad. Por ello, el gobierno estatal busca establecer parámetros claros para definir y medir la adecuación de los espacios públicos, asegurando que las mejoras respondan a criterios técnicos y humanos.