La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó un informe judicial que detalla cómo Begoña Gómez realizó pagos desde su ámbito personal relacionados con el desarrollo de un software vinculado a la Cátedra de Transformación Social Competitiva, que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Entre esas gestiones figuran transferencias destinadas a una persona involucrada en las fases finales del proyecto, como pruebas funcionales y difusión del producto.

El informe especifica dos pagos: uno a Sandra A. A., vinculada entonces a la Cámara de Comercio, asociado a un supuesto gasto de taxi, y otro a la empresa creada por Gómez, Transforma TSC SL, por un importe que ronda los 3.570 euros, aunque la finalidad de este último no ha podido ser precisada. La UCO investiga si estas operaciones reflejan un posible beneficio personal derivado de la herramienta desarrollada y si existen vínculos ajenos a la universidad.

Respecto a la empresa de Begoña Gómez, el documento revela que Transforma TSC obtuvo ingresos a través de facturación a Innovación Hexagonal SL, sumando un total de 6.687,85 euros. El administrador de esta empresa, Raúl Oliván Cortés, también figura como usuario de la plataforma de Transforma TSC SL, junto a otras dos personas relacionadas con Hexagonal LAB, entidad ligada a la mercantil.

El informe menciona además que Gómez cubrió diversos gastos personales vinculados a la actividad de la cátedra y la plataforma, como los registros de dos marcas por valores de 127,88 euros y 206,57 euros respectivamente, siendo este último desde una cuenta compartida con Pedro Sánchez. También pagó una modificación adicional por 23,19 euros y un coste total de 118,58 euros por el registro del dominio web www.transformatsc.org. Estas erogaciones privadas contrastan con otros gastos similares o superiores que sí fueron asumidos con fondos de la Complutense.

En otros aspectos de la causa, la UCO concluyó que no existen cuentas opacas ni irregularidades en la creación de la cátedra, que se estableció conforme a la legislación vigente. La defensa de Begoña Gómez sostiene que los registros y gestiones se hicieron bajo indicaciones de la universidad, como ocurre en otros casos análogos.