En 2025, cada ciudadano mexicano afectado por actos de corrupción perdió en promedio 3,865 pesos, alcanzando el mayor costo individual registrado en la última década, de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Este fenómeno involucró a más de 9 millones de personas, quienes sufrieron al menos un episodio corrupto en trámites o servicios públicos, generando pérdidas globales cercanas a los 17 mil millones de pesos.
Esta situación se traduce en un aumento en los costos de operación para las empresas, además de fomentar la incertidumbre jurídica y desincentivar la inversión tanto nacional como extranjera. La corrupción se presenta como uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico y la creación de empleo formal en el país. Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) 2025 del Inegi, el 16% de las personas que realizaron algún trámite o pago enfrentaron actos corruptos, mientras la tasa de prevalencia creció un 24% en los últimos diez años.
Coparmex destacó que, pese a los esfuerzos oficiales en todos los niveles de gobierno, los avances para combatir esta problemática son insuficientes. Además, evidenció que el 98.9% de las denuncias por corrupción empresarial no llegan a ser investigadas, lo que perpetúa la impunidad. En el sector privado, la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (Enve) 2024 reveló que cuatro de cada diez empresas afiliadas a Coparmex enfrentaron al menos un acto corrupto en el último año.
Las prácticas corruptas más frecuentes incluyen sobornos, discrecionalidad en trámites, retrasos injustificados y abusos administrativos, factores que deterioran la confianza en las instituciones y dañan el ambiente para nuevas inversiones. Esta realidad se refleja con una puntuación de 27 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, ubicando a México en el lugar 141 de 182 países evaluados.
En cuanto a la incidencia por nivel de gobierno, el ámbito municipal presenta la mayor frecuencia de corrupción, con el 62.2% de las empresas señalando irregularidades, seguido por el estatal con 57.8%, y el federal con 42.8%. Estos datos subrayan la necesidad de fortalecer la transparencia y la integridad pública como medidas prioritarias para recuperar la competitividad y confianza económica.