En Yucatán, el combate a la corrupción atraviesa una crisis de eficacia, a pesar de los elevados recursos públicos destinados a este fin. El colectivo ciudadano ¡Ya Basta! calificó al entramado anticorrupción del estado como un “cascarón burocrático” que funciona más como una simulación que como un instrumento real para erradicar prácticas corruptas.

Este entramado está conformado por varias instituciones, entre ellas la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Según los integrantes de ¡Ya Basta!, estas dependencias reciben un presupuesto anual cercano a los 200 millones de pesos, pero sus acciones resultan insuficientes para cumplir con sus objetivos.

El colectivo señaló que este entramado está diseñado para aparentar ante la ciudadanía que sí existe una lucha efectiva contra la corrupción, sin que en la práctica se produzcan resultados contundentes. Este diagnóstico se basa en experiencias recientes, como el caso emblemático del alumbrado público en Mérida, cuya investigación y denuncias por irregularidades promovidas contra el exalcalde Renán Barrera Concha fueron archivadas por agotamiento de las vías institucionales.

Además, el grupo recordó que en 2021 decidió suspender la firma de compromisos con candidatos a la gubernatura y alcaldía debido al incumplimiento sistemático de las promesas electorales relacionadas con la transparencia y la rendición de cuentas. En su lugar, optaron por un seguimiento puntual de las acciones y omisiones de las autoridades durante sus mandatos.

Uno de los ejemplos de la opacidad denunciada se encuentra en la administración municipal actual, cuyo manejo de contratos y recursos, como el caso del faltante en Servilimpia, fue calificado por ¡Ya Basta! como “un cochinero”. Este caso permanece sin avances claros y muestra la falta de información oficial sobre las demandas legales presentadas. Del mismo modo, la evaluación ciudadana destacó que las dependencias estatales evaden sistemáticamente solicitudes de información utilizando mecanismos legales y técnicas dilatorias que frenan la transparencia.

El balance general que presentó el colectivo pone en evidencia un escenario donde la impunidad sigue prevaleciendo en todos los niveles de gobierno en Yucatán. La persistente falta de sanciones efectivas y las respuestas evasivas frente a investigaciones públicas dificultan el avance hacia un sistema anticorrupción funcional y confiable.