La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía remitió a la Audiencia Nacional un informe que señala a José Luis Rodríguez Zapatero por haber recibido 200.000 euros vinculados a su gestión para revertir una sanción millonaria impuesta a la empresa peruana Grupo Gloria en Bolivia.

Según el documento, el pago se habría formalizado a través de Focus Social Research, una entidad vinculada a intereses de la empresa, que presentó esos honorarios como trabajos de consultoría e intermediación. El objetivo principal fue mediar ante el expresidente boliviano Luis Arce y otras altas autoridades para que se aceptara un recurso judicial presentado por la firma, que logró suspender una multa económica de gran magnitud.

El informe detalla que Zapatero no solo contactó con Arce, sino que mantuvo reuniones o comunicaciones con ministros de Economía y Justicia, la Procuraduría General del Estado y el fiscal general de Bolivia. Estas interacciones se registraron durante un viaje de Zapatero a La Paz y Sucre en septiembre de 2024, donde también participó el secretario general de la Organización Mundial del Turismo y se produjeron encuentros clave para la gestión.

Los datos obtenidos provienen del análisis de dispositivos incautados a la secretaria personal de Zapatero, Gertrudis Alcázar, cuya intervención fue clave para coordinar las comunicaciones, intercambios documentales y organización de la agenda del expresidente en este contexto. Según la UDEF, estos hechos podrían indicar la existencia de una organización criminal encabezada por Zapatero, que utilizaba su influencia internacional para beneficiar a varios clientes mediante prácticas ilícitas.

Además de los contactos mencionados, se evidenció que en la agenda constaba una reunión con la ministra de Presidencia boliviana, María Nela Prada, y con la jefa de Gabinete del mandatario, Fabiola Consuelo Salazar, fortaleciendo la red de interlocución directa con el poder ejecutivo del país sudamericano.

Con base en estos hallazgos, los investigadores señalan que esta gestión tuvo éxito, pues el Tribunal Constitucional de Bolivia falló a favor del recurso de amparo solicitado por la empresa. La operación habría buscado favorecer al Grupo Gloria en varios litigios económicos importantes contra la Administración Pública boliviana.