El grupo legislativo de MORENA presentó un paquete de reformas orientadas a transformar el Sistema Estatal Anticorrupción de Quintana Roo, con la intención de hacerlo más claro, eficiente y accesible para la ciudadanía. Las propuestas buscan simplificar el marco normativo y adaptar el sistema a principios de austeridad, además de reforzar mecanismos de vigilancia contra la corrupción.

Una de las reformas principales modifica el artículo 161 de la Constitución Política estatal para trasladar procedimientos específicos a leyes secundarias, lo que busca dotar al texto constitucional de mayor coherencia y claridad. También incorpora formalmente al Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Pueblo dentro del Comité Coordinador, reconociendo el acceso a la información pública como una herramienta esencial para la supervisión ciudadana y la detección de actos corruptos.

Por otro lado, la segunda iniciativa modifica la Ley del Sistema Anticorrupción estatal, reduciendo el periodo de la Comisión de Selección — encargada de nombrar al Comité de Participación Ciudadana (CPC) — de cinco a tres años con el fin de acelerar los procesos y evitar bloqueos. Además, establece la integración plural de esta comisión con perfiles académicos y representantes de la sociedad civil, garantizando la paridad de género.

En la misma sesión, se aprobaron reformas a la Ley del Instituto de Defensoría Pública de Quintana Roo, implementando un lenguaje inclusivo no sexista para visibilizar a todas las personas y combatir estereotipos que fomentan desigualdad. Asimismo, se modificó la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos estatal para ampliar sus facultades, permitiéndole investigar violaciones a los derechos humanos cometidas por cualquier autoridad o servidor público, ya sea estatal o municipal.

Esta última reforma incluye la adopción de un lenguaje neutro e inclusivo, eliminando el masculino genérico conforme a los tratados internacionales, y establece la igualdad sustantiva como el principio rector de todas sus resoluciones y procedimientos, con lo que se busca garantizar un enfoque de derechos más integral y respetuoso.