El gobierno mexicano presentó una iniciativa para reformar el sistema de elección judicial con el fin de hacer el proceso más sencillo y eficiente. Entre los principales cambios, se contempla adelantar la jornada electoral judicial de 2027 al domingo 4 de junio de 2028, unificando las votaciones federales y estatales. Este calendario también se aplicará en futuras elecciones concurrentes programadas para 2030, 2033 y 2036, con el objetivo de renovar vacantes en distintos cargos del Poder Judicial.

La reforma establece una reducción significativa en el número de candidatos que aparecen en las boletas electorales. Por ejemplo, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se reducirán las candidaturas proyectadas de 81 a 54, y para el Tribunal Electoral de la Federación de 63 a 42. Además, las boletas indicarán qué poderes postulan a cada candidato y distinguirán a jueces o magistrados en funciones que busquen la reelección. Se espera que estas modificaciones faciliten el proceso de elección tanto para las autoridades como para los votantes.

En cuanto a los cargos a renovar en 2028, resaltan cuatro magistraturas electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como cientos de magistraturas y jueces del ámbito federal y local en 25 estados. Se incluyen 463 magistraturas de Tribunales Colegiados de Circuito, 385 jueces de Distrito, 424 magistraturas locales y más de 2,800 jueces estatales.

Un elemento clave de la reforma es la creación de una Comisión Coordinadora, integrada por representantes de los comités de evaluación de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esta comisión revisará los perfiles y asegurará que los aspirantes cumplan los requisitos legales, estableciendo metodologías estandarizadas para la evaluación, incluyendo exámenes de conocimientos. Cada comité valorará aspectos como conocimientos, experiencia, competencias, antecedentes y reputación pública para seleccionar a las cuatro personas mejor calificadas por cada cargo.

Posteriormente, se realizará un sorteo público para reducir la lista de candidatos a dos personas por cargo y especialidad, garantizando además la paridad de género. Con esta medida se busca aumentar la transparencia y equidad en el proceso, así como garantizar que los votantes enfrenten opciones más claras y manejables.