La mortalidad de recién nacidos en México creció nuevamente, tras años de mejora continua. Según datos de Unicef, en 2023 la tasa de muertes neonatales alcanzó 8,4 por cada mil nacidos vivos, superando la cifra de 6,8 registrada en 2021. Esta etapa comprende los primeros 28 días de vida, periodo en que la mayoría de las defunciones se pueden prevenir o tratar con atención médica adecuada.
El repunte no solo afecta a los recién nacidos. La tasa de mortalidad en menores de un año también se incrementó, pasando de un descenso sostenido durante más de dos décadas a alcanzar 13,4 fallecimientos por cada mil nacidos en 2023. Similar tendencia presenta la mortalidad infantil en menores de cinco años, que aumentó de 13,7 en 2020 a 16,1 en 2023, rompiendo la trayectoria a la baja observada anteriormente.
Unicef señala que estas cifras responden, en parte, a las alteraciones recientes en el sistema de salud mexicano. Cambios como la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) en 2019, su posterior desaparición en 2023 y el surgimiento del IMSS Bienestar han provocado interrupciones en la prestación de servicios esenciales para madres y niños.
El análisis destaca que estados como Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas y Tlaxcala presentan las tasas más elevadas de mortalidad neonatal, sobrepasando los 10 fallecimientos por cada mil nacidos vivos, mientras que Quintana Roo y Baja California registraron las cifras más bajas. Esto evidencia una desigualdad regional importante en el acceso y calidad de los cuidados perinatales.
Las principales causas de muerte en menores de cinco años incluyen malformaciones congénitas, accidentes de tránsito, infecciones respiratorias como influenza y neumonía, tumores malignos y enfermedades intestinales infecciosas. Sin embargo, muchas de estas muertes podrían evitarse mediante intervenciones sencillas y accesibles, como la vacunación o el diagnóstico oportuno por personal capacitado, así como el fomento de la lactancia materna.
Unicef también alertó sobre el aumento en la carencia de acceso a servicios de salud en la población infantil y adolescente, que en 2024 alcanzó un nivel preocupante, incrementando la vulnerabilidad de estos grupos y limitando la atención preventiva y curativa necesaria para reducir la mortalidad.