Un total de 648 familias de 55 municipios en la zona costera de Veracruz lograron la propiedad legal de sus hogares al recibir las constancias de finiquito del FOVISSSTE, poniendo fin a años de deudas crecientes que nunca parecían extinguirse. La entrega masiva tuvo lugar como parte del Programa de Justicia Social, una iniciativa que busca terminar con esquemas financieros considerados abusivos y que perjudicaron a miles de derechohabientes.
La situación de estos créditos, que afectaba a trabajadores del Estado, se caracterizaba por el aumento constante de los saldos adeudados, incluso cuando los beneficiarios ya habían entregado más dinero que el monto original solicitado. En casos como el de Verónica Lara Contreras, quien pidió un préstamo de 418 mil pesos y pagó más del doble sin cancelar la deuda, se evidenció el impacto negativo de estos sistemas. La gobernadora Rocío Nahle García criticó duramente estas prácticas, calificándolas de «crueles» por mantener a las personas en un ciclo interminable de pagos sin alcanzar el fin de su obligación.
Autoridades explicaron que la medida responde a la necesidad de recuperar la vocación social del sistema de financiamiento para viviendas, bajo la dirección nacional encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo. La eliminación o reducción de adeudos busca aliviar la carga financiera de los empleados públicos, permitiéndoles conservar su patrimonio sin la presión de intereses desproporcionados que limitaban su desarrollo económico. También participaron en el acto funcionarios del Instituto Veracruzano de la Vivienda, reforzando el compromiso de otorgar seguridad jurídica a miles de familias veracruzanas afectadas durante décadas por estas condiciones financieras.