La restitución de las congregaciones de Progreso y Manzanillo al municipio de Tepatlaxco fue una decisión que resolvió un conflicto territorial y político que duró más de una década en Veracruz. Este ajuste se concretó mediante un decreto del Congreso estatal que modificó la delimitación municipal establecida años antes.

El origen del conflicto se remonta a 1916, cuando se creó el municipio de Atoyac por decreto oficial, segregando varias congregaciones de municipios vecinos como Paso del Macho, Amatlán de los Reyes y Tepatlaxco. Entre estas últimas, Progreso y Manzanillo, dos zonas clave para la producción cafetalera, fueron asignadas a Atoyac pese a la oposición de las autoridades y habitantes de Tepatlaxco.

La pérdida de estas congregaciones representó un impacto económico y político para Tepatlaxco, que desde entonces emprendió una serie de acciones legales y políticas para revertir la medida. Durante más de seis años, funcionarios y ciudadanos promovieron recursos ante el Gobierno Estatal y el Congreso local para reclamar la restitución de las tierras.

Finalmente, el 4 de julio de 1922, la Legislatura aprobó el Decreto número 338 que devolvió formalmente Progreso y Manzanillo a Tepatlaxco. Esta resolución fue publicada oficialmente en la Gaceta del Estado días después y contó con la promulgación del gobernador interino Ángel Casarín.

Este cambio territorial significó para Atoyac una importante reducción de su territorio y capacidad productiva, generando un fuerte impacto en la joven demarcación. Por su parte, Tepatlaxco recuperó significativamente su extensión y recursos, consolidando su desarrollo futuro después de años de disputa.

La historia de este conflicto refleja las complejidades de las divisiones administrativas en Veracruz, donde las modificaciones territoriales eran frecuentes por cambios en el esquema político y administrativo desde la constitución del estado libre y soberano. La definición de los límites municipales supuso en varias ocasiones enfrentamientos y negociaciones que involucraron intereses económicos y sociales locales.