Keir Starmer llegó a Ereván este domingo para negociar la inclusión británica en el fondo de €90,000 millones de la Unión Europea destinado a respaldar financiera y militarmente a Ucrania. El paquete, aprobado formalmente por el bloque europeo el 23 de abril, asegurará el presupuesto militar de Kiev para los años 2026 y 2027, con aproximadamente dos tercios de los recursos dirigidos directamente al gasto de defensa ucraniano.
El gobierno de Ucrania planea utilizar el capital para adquirir armamento europeo, incluidos los aviones de combate suecos Gripen. Starmer analizó esta colaboración con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy horas antes de la octava cumbre de la Comunidad Política Europea del lunes 4 de mayo, encuentro que reúne a líderes de más de 40 países para evaluar estrategias en Ucrania, el conflicto iraní y la seguridad regional.
Las negociaciones británicas enfrentan condiciones específicas. Maroš Šefčovič, comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, confirmó la apertura del bloque para otorgar mayor acceso a las empresas del Reino Unido dentro del diseño de proveedores de confianza. Sin embargo, actualmente las firmas británicas solo pueden pujar por contratos que los fabricantes de la UE no logran cubrir. Londres impulsa eliminar estas barreras para competir en completa igualdad de condiciones.
La aportación nacional estimada del gobierno británico para ingresar al programa ronda los £390 millones de libras. Esta iniciativa marca un cambio en la política económica británica. Starmer declaró en abril que la salida de la Unión Europea "causó un daño profundo" a su economía, y su actual agenda incluye proyectos de ley para alinear nuevamente las normas del Reino Unido con los estándares del continente.
El acuerdo continental se reactivó tras la derrota electoral del partido de Viktor Orbán y la reanudación del flujo de crudo ruso por el oleoducto Druzhba, factores que terminaron con el veto húngaro al fondo. Un antecedente fallido marca el contexto: en noviembre pasado, una negociación británica para entrar a un esquema militar europeo por €150,000 millones colapsó debido a múltiples disputas sobre la tarifa de ingreso.
