La Fiscalía General de la Nación inició un proceso de extinción de dominio contra la cadena Lili Pink el 28 de abril, incautando más de 400 locales comerciales en respuesta a investigaciones por presunto lavado de activos y contrabando. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración estatal de los bienes mientras avanza el proceso judicial, con el propósito declarado de garantizar la sostenibilidad comercial y proteger los derechos de más de 2.000 trabajadores.
Según los hallazgos de la Fiscalía, Lili Pink habría operado como canal para ingresar mercancía sin documentación aduanal, incluyendo juguetes y productos cosméticos. La operación se valió de una red de sociedades ficticias y maniobras financieras diseñadas para ocultar movimientos irregulares y dar apariencia de legalidad a elevados volúmenes de importación. Los bienes incautados, valuados en más de $54.000 millones, incluyen 405 locales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad distribuidos en 59 ciudades de 25 departamentos.
La investigación reveló un presunto lavado de activos por $730.000 millones, enriquecimiento ilícito por más de $430.000 millones y contrabando cercano a $75.000 millones. La Fiscalía identificó que la operación de la cadena consistía en fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero para incorporarlo al sistema económico formal.
Amelia Pérez, directora de la SAE, explicó que la estrategia estatal busca evitar el colapso de la empresa mientras dura el proceso judicial. El plan de administración dependerá de un diagnóstico integral sobre el estado financiero, contable, laboral y productivo de la marca. La SAE denunció que los directivos de Lili Pink conocían las diligencias que realizaría la Fiscalía y "dejaron abandonadas a su suerte a las empleadas", evidenciado por la ausencia de gerentes durante los operativos en varios locales.
La SAE sostuvo reuniones con el Ministerio de Trabajo para asegurar el respeto de los derechos laborales durante la transición. También solicitó la intervención conjunta de la Procuraduría General y la Contraloría General para ejercer auditoría permanente y garantizar transparencia en el proceso de administración de activos. Los establecimientos continuarán abiertos al público durante el trámite judicial para evitar afectar a consumidores y trabajadores.
Lili Pink reconoció la existencia de la investigación penal a través de un comunicado y afirmó que trabaja coordinadamente con asesores legales y entidades correspondientes para manejar la situación dentro del marco legal.
