Con motivo del Día del Trabajo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un aumento salarial para los trabajadores del Estado e implementó la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. El acto se realizó en el Centro Cultural del México Contemporáneo, donde suscribió junto a líderes sindicales el Acuerdo Constitucional para la disminución gradual de la jornada, además de formalizar la emisión del Certificado Laboral de Agroexportación. Sheinbaum expresó que "la primavera laboral llegó para quedarse".
Entre las medidas firmadas figura el decreto que establece que todos los trabajadores del Estado perciban al menos el salario medio del IMSS de 2024, con incrementos superiores a la inflación. La mandataria enfatizó que su gobierno representa a "los gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo", y reiteró que la visión de la Cuarta Transformación prioriza a los trabajadores mexicanos. Durante el evento, Sheinbaum adelantó que el lunes siguiente se anunciaría una serie de medidas para fortalecer la inversión privada, incluyendo "un acuerdo de simplificación de trámites radical".
Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social, criticó el modelo neoliberal previo y destacó que las reformas implementadas permitieron aumentos salariales y acceso garantizado a la canasta básica. Señaló que la prohibición del outsourcing generó un incremento de 150 por ciento en el reparto de utilidades entre trabajadores, y que 13.5 millones de personas salieron de la pobreza.
Líderes sindicales reconocieron los avances pero plantearon demandas pendientes. Tereso Medina Ramírez, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, afirmó que "hemos avanzado, pero faltaríamos a la verdad si dijéramos que hemos concluido esta lucha". María de Jesús Rodríguez Vázquez, de la Confederación Auténtica de Trabajadores, pidió que la reforma laboral se acompañe de cambios fiscales para que prestaciones como horas extras, aguinaldo y PTU queden exentas de retenciones impositivas.
Alfonso Cepeda, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, comentó que la lucha continúa porque persisten prácticas como la explotación. Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano Pablo Vázquez Ahued cuestionó la viabilidad jurídica del anuncio, argumentando que el proceso legislativo aún no concluye y que falta la declaratoria de constitucionalidad del Congreso de la Unión.
