La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló de manera unánime el acuerdo emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) que modifica los criterios para la evaluación y promoción de estudiantes en escuelas públicas y privadas. Esta decisión elimina la obligatoriedad de reprobar automáticamente a alumnos que no cumplan con el mínimo de asistencia o que tengan materias pendientes.

El acuerdo, vigente desde septiembre de 2023, promueve la prioridad del interés superior de la niñez, garantiza el derecho a la educación y busca reducir la exclusión escolar causada por factores sociales, económicos o familiares. Entre las medidas respaldadas por la Corte se encuentran la eliminación del requisito de 80% de asistencia para acreditar materias y la promoción automática en preescolar y primer grado de primaria, además de mecanismos de regularización en secundaria y una mayor flexibilidad en la acreditación general.

Este fallo surgió a partir de un amparo interpuesto por una escuela privada que argumentaba que estas disposiciones dañaban la excelencia académica y la autonomía escolar. Sin embargo, los ministros concluyeron que la SEP tiene facultades constitucionales para establecer políticas que respondan al contexto y necesidades del sistema educativo nacional.

La ministra Lenia Batres Guadarrama defendió que la excelencia educativa no puede medirse únicamente con números, calificaciones o asistencia, sino que debe considerar aspectos más amplios de la formación de niñas, niños y adolescentes. Destacó que esta perspectiva coincide con modelos educativos internacionales, como los de Dinamarca y Finlandia, donde la evaluación no depende exclusivamente de indicadores numéricos.

El acuerdo también modifica los planes de estudio en preescolar y primer grado de primaria, otorgando la promoción automática sin importar las calificaciones o faltas, mientras que en secundaria se establecen mecanismos de regularización para facilitar que los estudiantes puedan avanzar en su formación. Estas medidas buscan evitar la deserción escolar y promover un sistema más inclusivo y equitativo para los más de 23 millones de alumnos en México.