La percepción de una disminución en los homicidios en México estaría maquillada por una estrategia oficial que modifica la forma en que se registran los delitos. El diputado federal Marcelo Torres Cofiño acusó al gobierno de alterar la metodología del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para fragmentar y disfrazar la cifra real de asesinatos.

En septiembre de 2025, el gobierno federal amplió las categorías del SESNSP de 53 a 71 delitos, una medida que, según Torres, obliga a dispersar los casos de homicidios dolosos en otras clasificaciones como «homicidios culposos» o «delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal». Esto permitiría presentar una estadística artificialmente baja en homicidios intencionales, aunque la violencia no haya disminuido.

Un ejemplo contundente lo ofrece el diputado con la comparación entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Bajo la metodología previa, diciembre reportó más de mil víctimas de homicidios dolosos; en enero, con el nuevo sistema, la cifra disminuyó drásticamente sin justificación real, indicando un desplazamiento de casos entre categorías y no una reducción verdadera en la violencia.

Además, existen discrepancias preocupantes en varios estados gobernados por Morena, donde las muertes clasificadas como accidentales exceden por mucho a las homicidas, situación que resulta sospechosa en regiones con alta violencia criminal:

  • En Zacatecas, los registros de homicidios culposos quintuplican a los dolosos.
  • En Quintana Roo, las muertes accidentales sextuplican a los asesinatos intencionales.
  • Michoacán y Chiapas presentan más del doble de homicidios culposos que dolosos.
  • En Baja California Sur, los casos agrupados como «otros atentados contra la vida» son casi siete veces superiores a los homicidios dolosos.

Torres Cofiño también señaló que la administración federal reporta el nivel más alto de desapariciones desde que se tiene registro, con un promedio diario que agrava la crisis de seguridad en el país.

Estas acusaciones ponen en tela de juicio la confiabilidad de las estadísticas oficiales, sugiriendo que la supuesta mejora en seguridad es resultado de un cambio técnico en el conteo y no un descenso real en la violencia.