El gobierno de Estados Unidos intensificó su enfoque para castigar a políticos mexicanos supuestamente relacionados con cárteles del narcotráfico, al incluir en las denuncias cargos derivados de leyes antiterroristas. Esta nueva estrategia podría implicar sanciones mucho más severas y complicar las relaciones diplomáticas con México.
Según una investigación de The New York Times, el subprocurador general adjunto, Aakash Singh, instruyó a fiscales federales a ampliar y acelerar las acusaciones contra funcionarios públicos involucrados en actividades criminales con grupos ligados al narcotráfico, enfatizando el uso de figuras legales diseñadas originalmente para casos de terrorismo. Singh pidió "triplicar" estas investigaciones, buscando responsabilizar a servidores públicos que habrían protegido o facilitado operaciones ilícitas desde sus cargos oficiales.
Esta orden surge tras la decisión del expresidente Donald Trump de clasificar a ciertos cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas, lo que habilita la presentación de cargos por "apoyo material al terrorismo" además de los delitos tradicionales relacionados con drogas y corrupción. Esta figura legal permite buscar penas mayores y multas más elevadas para los acusados.
Entre los señalados en investigaciones recientes destacan el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como exfuncionarios y líderes de seguridad estatales relacionados con el Cártel de Sinaloa. Nombres como el exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, y el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, están bajo indagatoria por presuntos vínculos con la facción conocida como Los Chapitos.
En la reunión interna donde Singh presentó sus directrices, se advirtió que las investigaciones deben avanzar sin importar las posibles repercusiones políticas o diplomáticas. Según el reporte, el funcionario afirmó que si las acusaciones generan «vergüenza» o «humillación» para las autoridades mexicanas, eso sería considerado «la cereza del pastel». Estas palabras evidencian la postura firme de la administración estadounidense para enfrentar el narcotráfico y la corrupción asociada.
El propio Donald Trump ha sostenido que México está «controlado por los cárteles», amenazando con una posible intervención directa si las autoridades mexicanas no toman medidas contundentes. En contraste, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado estas acusaciones, argumentando que carecen de pruebas suficientes y defendiendo la integridad de los funcionarios señalados.