Dos exfuncionarios de Sinaloa, personas cruciales en los ámbitos de seguridad pública y finanzas, enfrentan señalamientos de autoridades estadounidenses por posibles vínculos con el cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como Los Chapitos. Estas detenciones se enmarcan en una indagatoria que podría aumentar la presión de Washington sobre actores políticos y de seguridad en México.
Gerardo Mérida, general retirado del Ejército mexicano y exsecretario de Seguridad de Sinaloa, se entregó voluntariamente a la justicia estadounidense tras ingresar por la frontera de Nogales, Arizona. Se le acusa de recibir sobornos periódicos para alertar a Los Chapitos sobre operativos antidrogas y de facilitar información reservada para proteger sus actividades. Mérida dirigió la Secretaría de Seguridad estatal durante un periodo marcado por una escalada de violencia entre grupos criminales regionales.
En paralelo, Enrique Díaz, quien estuvo al frente de la Secretaría de Administración y Finanzas de Sinaloa y es cercano al gobernador con licencia, está vinculado con supuestos esquemas financieros para proteger al cártel. Díaz, contador y empresario con trayectoria en el sector inmobiliario, también se entregó en Estados Unidos desde Europa, en medio de versiones sobre negociaciones para colaborar con fiscales estadounidenses. Su gestión financiera y política en la administración estatal estaría implicada en el movimiento de recursos y la colocación de funcionarios afines a Los Chapitos.
Estas detenciones forman parte de una lista que incluye al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y un total de diez funcionarios señalados por Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas. La acusación refleja una red de protección e influencia que asegura la operatividad de la facción criminal a cambio de recursos millonarios.
El caso ha generado atención mediática y política debido a sus implicaciones para la relación bilateral en materia de seguridad y justicia. Autoridades mexicanas y estadounidenses continúan sin confirmar oficialmente los detalles de las entregas y posibles acuerdos de colaboración de los detenidos con la fiscalía norteamericana.