Tras semanas de retrasos, la emisión de certificados de vulnerabilidad para migrantes en Badajoz se desbloqueó, impulsando el proceso de regularización que enfrenta a cientos de personas antes del cierre del plazo el 30 de junio.
El certificado de vulnerabilidad es un documento fundamental para quienes no cuentan con precontrato laboral y buscan inscribirse en el procedimiento. La solución a estas dificultades fue el eje central de una reunión convocada por el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, con quince entidades sociales y organizaciones que trabajan con migrantes en la región.
Durante el encuentro, Quintana destacó la plena operatividad de los ayuntamientos para emitir estos certificados y recordó que las entidades acreditadas pueden suplir cualquier fallo administrativo, garantizando que no existan bloqueos en la tramitación.
Además, el delegado subrayó las múltiples vías habilitadas para completar la regularización: de forma digital, en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), en algunas sucursales de Correos o a través de organizaciones colaboradoras. Recomendó a los interesados iniciar el trámite cuanto antes para evitar saturaciones en el último mes.
Representantes de las organizaciones sociales reconocieron que, aunque persisten ciertas dificultades, la cooperación estrecha entre administraciones y colectivos ha facilitado resolver incidencias y acompañar a los migrantes durante todo el proceso.
Mar García Navarro, responsable territorial de Accem, resaltó el compromiso de su organización para informar y apoyar a todas las personas migrantes que desean regularizar su situación en Extremadura, asegurando que ninguna quede fuera por falta de asistencia.
En conjunto, las autoridades y entidades sociales coinciden en que Extremadura se perfila como un modelo en la gestión de la regularización migratoria, gracias a este trabajo conjunto y a la capacidad de las oficinas para asumir nuevas solicitudes sin demora.