La Secretaría de Gobernación explicó que los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República (FGR) para que autoridades de Chihuahua y Sinaloa comparezcan forman parte de procesos legales y no implican una acusación formal, sino que serán llamados únicamente como testigos. Así lo comunicó la dependencia federal, que destacó que las investigaciones se desarrollan conforme a la ley y sin interés político.
La FGR confirmó que Rubén Rocha Moya y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, recibieron citatorios en el marco de dos investigaciones consideradas de interés público. En el caso de Rocha Moya, las diligencias están relacionadas con una acusación presentada en Estados Unidos contra ciudadanos presuntamente vinculados al narcotráfico, y las entrevistas ministeriales buscan avanzar en esas indagatorias. Por su parte, Campos, junto con el exfiscal estatal, fue llamada en relación con la investigación de un operativo realizado en la Sierra del Pinal en abril.
La Secretaría de Gobernación reiteró que la FGR es un órgano constitucional autónomo cuyas actuaciones se basan en la ley y descartó cualquier motivación política detrás de los citatorios. Sin embargo, el gobierno de Chihuahua calificó el procedimiento como una forma de persecución política, argumentando que los gobernadores tienen protección constitucional y que el llamado a declarar afecta esa garantía.
Maru Campos denunció un supuesto uso político de las instituciones y acusó a la autoridad federal de aplicar un “doble rasero” en sus acciones contra la entidad. Afirmó que su administración mantiene un combate enérgico contra el crimen organizado, pese a lo que consideró acciones dirigidas a obstaculizar su trabajo.
Las investigaciones contra Rocha Moya han escalado tras acusaciones realizadas por autoridades estadounidenses por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Los citatorios forman parte de un procedimiento ministerial para obtener información clave en el proceso y no involucran, hasta ahora, imputaciones formales.