El municipio de Atizapán de Zaragoza enfrenta un conflicto urbano que expone a miles de habitantes a riesgos debido a contradicciones legales y falta de infraestructura en zonas residenciales. El caso más emblemático involucra a 31 lotes con estatus irregular en el fraccionamiento Vergel de Arboledas, donde vecinos y autoridades mantienen una disputa que revela vacíos jurídicos y administrativos.
En un evento realizado con el objetivo de actualizar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano (PDU) para 2025-2027, se confirmó que estos predios no cuentan con certeza jurídica clara. El Director de Ordenamiento Territorial admitió públicamente la existencia de bloqueos administrativos y restricciones que afectan la regularización de estos terrenos, cuya propiedad y estatus se encuentran en disputa, con riesgos de usucapión y limitaciones para futuras intervenciones urbanísticas.
Vecinos organizados, representados por activistas como Sofía Mancilla, han documentado y cuestionado la falta de transparencia del municipio. Mancilla señaló que el origen de las restricciones de estos lotes es estatal y no tiene relación con supuestas ventas que previamente se habían difundido, lo que marca una clara diferencia para entender la complejidad del conflicto y su impacto sobre la tenencia de la tierra y el desarrollo urbano.
Este reconocimiento oficial ha generado un avance jurídico significativo, pues implica que tanto el municipio como el Estado han respondido a las denuncias vecinales, dejando un rastro documentado indispensable para futuras resoluciones legales y urbanísticas. Mancilla indicó que esta trazabilidad documental tiene un peso administrativo mayor que cualquier litigio común, pues acredita la existencia de contradicciones entre las autoridades y evidencia las irregularidades detectadas.
Además de los aspectos legales, la disputa ha provocado intervenciones operativas, como la participación del Órgano Interno de Control (OIC) para revisar las gestiones municipales relacionadas con los casos y sus protocolos de acceso a la información. Esta situación refleja la tensión entre la necesidad de regularizar los espacios urbanos y la ausencia persistente de infraestructura y servicios básicos en colonias periféricas.
Los vecinos reclaman mayor certeza jurídica sobre el uso de suelo, mientras que el ayuntamiento busca equilibrar estos reclamos con la mitigación de riesgos geológicos y rezagos en servicios públicos, una tarea que enfrenta numerosas restricciones administrativas heredadas de instancias estatales. El Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2025-2027 será la herramienta con la que se intentará cerrar estas brechas, aunque aún persisten dudas sobre su alcance y efectividad.